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El PSOE pide un informe a la abogacía del Estado para proceder a la ilegalización de la Fundación Franco

NACIONAL – Política

El PSOE del Senado quiere que la abogacía del Estado se pronuncie en un informe que determine la legalidad de la Fundación Francisco Franco conforme a la legislación vigente y si esta se atiene a los fines de interés general que establece en su artículo 3 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.

Para ello, los socialistas han registrado una moción para su debate en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara Alta que firman los portavoces de Constitucional y de Justicia del PSOE en el Senado, Francesc Antich y Tontxu Rodríguez Esquerdo, respectivamente, así como el portavoz parlamentario de los socialistas, Ander Gil.

En su iniciativa, el PSOE denuncia que la Fundación Francisco Franco “no solo no está dirigida a la defensa de ninguno de los objetivos citados en la Ley para la legalización de una fundación -los de la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, entre otros- si no que parece ir en contra precisamente de algunos de los más relevantes de los que se enumeran así como de la promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos o de fortalecimiento institucional”.

No parece muy lógico -asegura el PSOE en su moción- que se adecue a la legalidad una fundación que enaltece y exalta la dictadura, proyecta su ideario sobre la sociedad española, y defiende la vulneración de los derechos humanos que llevo a término la dictadura de Franco”.

Por todo ello, el PSOE reclama que la abogacía del Estado determine si la Fundación Franco debe extinguirse como tal por no cumplir con los requisitos previstos en la ley, y por ser contraria a la Constitución y a la Ley de Memoria Histórica.

Además, el PSOE pide que la abogacía del Estado determine también si la Fundación Franco incumple la legislación vigente con las actividades que está desarrollando en contra de que se cumpla la ley de Memoria Histórica.

La moción insta además a que sean los servicios jurídicos del Estado quienes establezcan si dicha Fundación está cumpliendo la legislación vigente en materia de Secretos oficiales en relación a la documentación que obra en su poder relativa al dictador y sus actividades, así como los archivos de la Guerra Civil y la Dictadura, y si cumple con los requisitos relativos a hacer público los archivos históricos y facilitar el trabajo de los historiadores, habiendo recibido dinero público de la Administración General del Estado, para la informatización y adecuación de los archivos obrantes en la Fundación.

En el supuesto de que la abogacía del Estado diera la razón al PSOE se instaría al Gobierno de Rajoy a que se lleven a cabo “todas las gestiones, acuerdos, y procedimientos en los tribunales, si fueran necesarios, para que las autoridades competentes procedan a ejecutar la extinción de la Fundación Franco”.

Finalmente, el PSOE pide también que se impulse la modificación de la Ley, incluida la reforma de la Ley Orgánica 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, “para declarar ilegales las Asociaciones y Fundaciones que públicamente fomenten, promueven o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición de tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo”.

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