La Dirección General de la Policía ha accedido, después de varias campañas de sensibilización y presión sindical del SUP en el ámbito de los riesgos laborales, a iniciar los trámites para la compra de 1.000 pistolas eléctricas que, una vez cuenten con el visto bueno de la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado, se distribuirán en el trienio 2020- 2022, a razón de 300 unidades durante cada uno de los dos primeros años y 400 en el tercero. Esta decisión, que supone un avance histórico ante las reiteradas negativas a contar con este elemento esencial de protección física y jurídica para los policías, no es, sin embargo, suficiente. El esfuerzo presupuestario de la DGP para acometer esta compra, con una inversión prevista de casi 2,1 millones de euros, dice el SUP que «nos parece que se sitúa muy por debajo de lo que necesitamos para dotar adecuadamente a las Unidades de seguridad ciudadana de todas las plantillas«.

En este sentido, cabe recordar que el número de bajas de agentes en lo que llevamos de año en intervenciones policiales (1.443 policías) podría reducirse de manera drástica en el caso de contar con pistolas eléctricas -los estudios técnicos manejados apuntan a una media del 70% menos de siniestralidad si se utiliza ese dispositivo- y, de esta manera, contar con un presupuesto adicional para comprar este elemento de protección. Teniendo en cuenta que la duración media de esas bajas por intervenciones en la calle es de 66 días y el coste que eso supone para la Administración, podrían comprarse al menos otras 1.500 defensas eléctricas cada año a sumar a estas 1.000 que va a adquirir ahora la DGP.

En el SUP llevan años trabajando por la introducción de la pistola eléctrica en el equipamiento policial porque amplía el catálogo de medios no letales a los que pueden recurrir los agentes para hacer frente a la violencia. Eso supone no sólo más garantías físicas, reduciendo la siniestralidad en el Cuerpo, sino que proporciona mayor seguridad jurídica puesto que estos equipamientos incluyen medios de grabación que permiten acreditar la necesidad de su uso ante episodios en los que la persona a la que se pretende detener o reducir demuestra un nivel de agresividad extremo.

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