Con esta medida adoptada por el Gobierno de Armengol y sus socios, se impide un «acceso real» a lo que sucede en las aulas de Baleares. El acceso a 2 parlamentarios de VOX siempre deberá ser acompañados por un miembro de la inspección de educación y el Director del centro que se visite o la persona que el mismo designe.

El Gobierno se escuda en no permitir un «acceso real» a las aulas en horas lectivas aludiendo al artículo 7.3 del Decreto 121/2010 de Derechos y deberes de los alumnos que indica que «los alumnos tienen derecho a un ambiente de trabajo que favorezca el aprovechamiento de la actividad programada», lo que el Gobierno interpreta que la visita de parlamentarios interrumpiría, según el criterio de interpretación del Gobierno de Armengol, el normal funcionamiento de las aulas. Así pues los miembros de VOX no podrán interactuar bajo ningún concepto ni con profesorado ni menos aún con alumnado.

Por otra parte, el Decreto 36/2001 establece que las funciones de la Inspección son supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos y los programas que inciden; y supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua, lo que imposibilitaría hacer una «evaluación» real y efectiva durante las visitas de los centros, quedando de esta manera oculto el adoctrinamiento existente en las aulas y la obligación impuesta a los alumnos a tener que dirigirse SIEMPRE entre alumnos y profesores en catalán incluso para pedir permiso para ausentarse en caso de necesidades fisiológicas.

Una permisividad claramente falsa la que da el Gobierno de Baleares, que no quiere que se puedan visualizar las muestras evidentes que desde VOX se va denunciando de adoctrinamiento e imposición a los alumnos de Baleares.