Indulto para el Guardia Civil Antonio Castillo perteneciente al Seprona de Gandía

Parece increíble que, en pleno siglo XXI, 20 años ya de siglo que llevamos, ese al que llamaban el futuro, la evolución y donde efectivamente se puede apreciar numerosos avances en todos los ámbitos, se sucedan casos como el que nos ocupa.

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176 años de historia, la cual va acompañada de numerosos avances tecnológicos, materiales y personales, pero, a pesar de ser uno de los mejores Cuerpos Policiales del mundo, encontramos situaciones que no van en la misma línea y que, suponen una involución horrible y espantosa, que atenta no solo a la imagen que el Cuerpo pretende dar como modelo policial a seguir, sino que supone un detrimento inadmisible contra los derechos fundamentales de quienes lo componen, que son ciudadanos, personas y no
números. Estamos hablando de una reclamación que todos los guardias civiles, de todas las escalas, especialmente la básica por ser la que más lo sufre, y es la no aplicación del Código Penal Militar a situaciones diarias del servicio cotidiano, o lo que es lo mismo, funciones ordinarias en territorio nacional y tiempos de paz.

Recientemente, se ha tenido conocimiento de una sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, la cual condena a un guardia civil del SEPRONA de Gandía a nada más y nada menos que 9 meses de prisión por una discusión con un superior de su misma escala, la escala básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Cabe destacar que, en los tiempos que corren, que un conflicto laboral consistente en una discusión donde se intercambian palabras de reproche, entre otras, como puede pasar en cualquier otro ámbito laboral, acabe en una condena de prisión de 9 meses es cuanto menos una atrocidad de magnitudes ingentes.

Los conflictos laborales dentro del Cuerpo se rigen por un arcaico código castrense que, dentro de un Cuerpo policial en pleno siglo XXI debería estar extinto, donde un enfrentamiento dialéctico con un superior, puede suponer unas consecuencias muy graves para el subordinado, debido a que se parte de la idea de que los galones llevan al hombre y no el hombre los galones, donde los galones dan la razón absoluta aunque esta carezca de sentido común, argumentos o toda lógica, dando poder supremo y absoluto a quien porta esos galones como si de una deidad se tratase, lo cual suena a época romana cuanto menos y quizás en aquella época solo fuera así si se tratase del mismísimo Emperador.

Los hechos que motivaron esta sentencia se remontan al 28 de mayo de 2016, cuando al parecer, el subordinado y hoy condenado, partiendo del celo profesional propio de los componentes del Cuerpo que hacen de este la Institución mejor valorada por los españoles, tuvo la iniciativa de investigar una acequia que contenía agua y emitía olores fecales en la localidad de Xeresa por un lado y la investigación de la muerte por electrocución de varias aves rapaces en Montduber y la Marjal de la Safor, pero que el Cabo y superior jerárquico de éste, se negó a llevar a cabo, lo cual bien pudiera ser constitutivo de la comisión de un ilícito penal por la omisión del deber de perseguir un delito, entre otros, que se espera sean investigados y se dicte una sentencia como mínimo con la misma severidad que al subordinado hoy condenado.

Por si esto fuera poco, se observa como pasan los años, cambia la dirección del Gobierno a un partido, otro, coaliciones y todos coinciden en la no aplicación del Código Penal Militar a los miembros del Cuerpo salvo en misiones extranjeras o tiempos de guerra, lo que viene siendo dependencia exclusiva del Ministerio de Defensa por funciones de naturaleza militar. De hecho, los socios del Gobierno actual son los mismos que en el proyecto de ley recomendaban no aplicar el Código Penal militar ya que el régimen Disciplinario ya era severo y recogía los mismos conceptos que el penal, como se puede apreciar en la ilustración adjunta, pero, a pesar de ello, vemos que se sigue aplicando, quedando las palabras en el aire y ya sabemos lo que hace el viento con las palabras cuando no se trazan en papel.

Se está viendo a diario en varios ámbitos como se arremete contra la Guardia Civil, tachándola con calificativos aberrantes y totalmente fuera de lógica, con expresiones ofensivas para todos sus miembros, sin embargo, todavía se utiliza una herramienta fuera de su aplicación real para reprimir una conducta que no deja de ser un reproche a una actitud dicha en lenguaje o jerga coloquial, cuando todos son conocedores que en conversaciones amistosas, jocosas o distendidas se utilizan otro tipo de palabras más malsonantes o soeces.

Del mismo modo, no se puede dejar pasar por alto el recuerdo del caso de una componente del Cuerpo que, tras recibir de su superior inmediato un trato cuanto menos vejatorio, fue calificado por el Jefe de la Comandancia ese proceder como “protección paternal”, por lo que los filtros de medición de gravedad de las faltas disciplinarias no son los mismos para unos que para otros.

Desde DJGC, consideran que, «al ser una circunstancia que afecta a todos los componentes del Cuerpo, independientemente de la Escala a la que pertenezcan, todas las asociaciones profesionales del Cuerpo, deberíamos aunar esfuerzos y, de forma conjunta, trabajar para que estos escenarios no se vuelvan a suceder, es por ello que desde DJGC, iniciaremos una ronda de contactos con los representantes de todas las asociaciones profesionales del Cuerpo con la finalidad de trazar las bases de un manifiesto conjunto de protección, para el guardia civil Antonio, perteneciente al SEPRONA de Gandía en primer lugar y para el resto de miembros del Cuerpo que son libres de estar sometidos a la misma sombra del Código Penal Militar.»

Además de lo anterior, desde DJGC, realizarán las medidas que legalmente tienen a su alcance para no solo impedir que estas situaciones se reproduzcan sino para solicitar el INDULTO de dicha condena al guardia civil miembro del SEPRONA de Gandía.

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