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Los clanes se han centrado en un nuevo sistema para eludir responsabilidades penales, en el que utilizarían a personas especialmente vulnerables para cultivar marihuana a cambio de una compensación económica.

Durante la tarde del pasado martes, agentes de la Policía Nacional y en colaboración con la Policía Local de Palma, procedieron al desmantelamiento de una plantación oculta en una vivienda, en la barriada del Vivero, en Palma.

Tras una laboriosa investigación y tras varias jornadas de vigilancias, los agentes dieron con la vivienda de una persona, la cual convivía con una infraestructura de última generación en la que se han intervenido cerca de 300 plantas de marihuana que han arrojado un peso aproximado de 30 kilos. La operación se saldó con la incautación y destrucción de una infraestructura capaz de producir, de forma cíclica, grandes cantidades de droga. Novedoso sistema de negocio entre los diferentes clanes dedicados a la venta de drogasLos investigadores llegaron a la convicción de que algunas organizaciones criminales, dedicadas al tráfico de drogas y asentadas en Palma, habían establecido una nueva dinámica en su negocio. Consistiría en pagar dinero a personas vulnerables a cambio de la instalación de grandes plantaciones de marihuana en sus domicilios.

Miembros de la organización criminal se encargarían de localizar a terceras personas de las que valerse para la instalación de los centros de producción. Una vez establecido el contacto prometerían a éstos sumas de dinero a cambio de habitaciones donde instalar la droga. Los organizadores minimizaban sobre la responsabilidad penal derivada y prometían hacerse cargo de las consecuencias legales.

Una vez con el espacio en las viviendas, las organizaciones sometían al residente a una continua actividad ilícita bajo amenazas de comunicar a la autoridad policial la situación. Un círculo vicioso que podría prolongarse en el tiempo y que otorgaba a la organización de producción cíclica e inagotable de droga sin coste penal alguno que valerse para la instalación de los centros de producción. Una vez establecido el contacto prometerían a éstos sumas de dinero a cambio de habitaciones donde instalar la droga. Los organizadores minimizaban sobre la responsabilidad penal derivada y prometían hacerse cargo de las consecuencias legales.

Una vez con el espacio en las viviendas, las organizaciones sometían al residente a una continua actividad ilícita bajo amenazas de comunicar a la autoridad policial la situación. Un círculo vicioso que podría prolongarse en el tiempo y que otorgaba a la organización de producción cíclica e inagotable de droga sin coste penal alguno.

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