La Unidad de Medio Ambiente de la Guardia Civil, SEPRONA (Guardia Civil) investigó las actividades de una empresa que operaba en Barcelona, ​​Madrid, Murcia, Valencia, Tarragona y Zaragoza. La empresa tenía vínculos con otra organización que operaba en Lisboa, Portugal. Los agentes españoles registraron 9 localidades y detuvieron a 20 personas por delitos contra el medio ambiente, los derechos laborales y la salud pública. Los desechos sanitarios, recolectados por la empresa, normalmente deben esterilizarse a alta presión para eliminar todos los componentes peligrosos. Para aumentar las ganancias, la empresa redujo el tiempo de tratamiento. Esto resultó en que los desechos no se esterilizaran adecuadamente antes de su eliminación; un tratamiento inadecuado que provocó altos riesgos para la salud pública.

En Portugal, la Guardia Nacional Republicana (Guarda Nacional Republicana) inspeccionó más de 2 000 empresas, hospitales y centros de salud. Las actividades dieron lugar a infracciones administrativas, 30 detenciones y la incautación de activos por valor de casi 790 000 euros.

Las autoridades policiales también se centraron en el transporte de residuos sanitarios en toda la UE. Las autoridades de Chequia, Polonia, Rumania y Eslovaquia revisaron la carga e identificaron envíos ilegales, que luego fueron enviados de regreso a su país de origen.

Otra tendencia identificada durante la operación fue la posible contaminación de aguas residuales urbanas. La Guardia Civil española puso en marcha la operación Arcovid para investigar los tratamientos filtrantes del agua en busca de contaminantes y la posible presencia de COVID-19.

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