Fernández Viadero considera necesario “escuchar” a autoridades, representantes de toda la comunidad educativa y expertos “para mejorar la ley” y “conseguir un gran pacto educativo”

El Partido Regionalista de Cantabria ha pedido en el Senado que se habilite el mes de enero para que puedan comparecer diferentes expertos en educación, los representantes de toda la comunidad educativa además de las autoridades nacionales y autonómicas en la materia “para mejorar la ley y alcanzar el máximo consenso”. 

Así lo ha dado a conocer el senador autonómico y diputado regional del PRC, José Miguel Fernández Viadero, después de registrar sendos escritos en la Cámara Alta junto a los representantes de Agrupación Socialista de Gomera, Fabián Chinea; Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán; y el Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica. 

Fernández Viadero ha reiterado que la ‘ley Celaá’ “precisa de algunas concreciones” en algunos de sus artículos. “Queremos mejorar el texto y, para ello, queremos conocer la opinión y lo que tienen que aportar los expertos en la materia, así como todos aquellos que integran la comunidad educativa, desde los padres pasando por los sindicatos como por las autoridades políticas”, ha sostenido. 

De hecho, ha hecho hincapié en que “es imprescindible” que se alcance “un gran pacto educativo” para que la ley “perdure en el tiempo y no tenga fecha de caducidad, como tiene este texto, como todos sabemos. Debemos ser responsables y conseguir el máximo consenso en torno a la educación. No puede haber una ley educativa nueva, cada vez que cambia el color político de quien ostenta la Presidencia de España”. 

Por ello, han pedido que el mes de enero de 2021 se habilite para la convocatoria de la Comisión de Educación y Formación Profesional y que, en ella, puedan comparecer las 38 solicitudes de comparecencia cursadas. 
De este modo, a nivel político, solicitan la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá; del secretario de estado de Educación, Alejandro Tiana; de los consejeros y consejeras de Educación de las comunidades autónomas; el presidente del presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca; y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. 

Igualmente, piden conocer la visión de los representantes de los sindicatos de educación del sector, tanto de la enseñanza pública como privada: Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de educación de CSIF; Nicolás Fernández, de ANPE; Francisco Javier Muñoyerro, de FSIE; Francisco García, representante de CCOO en el Consejo Escolar del Estado; María Isabel Loranca, de UGT; José Luis López, representante de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza-Intersindical; y Juan Carlos Laboreo, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Administración Pública de Navarra. 

En cuanto a los representantes de los padres y madres, plantean que comparezcan el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Alfonso Aguiló; la presidente en funciones de Escuelas Católicas, María Concepción Monjas; la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal; el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero; y el presidente de la Plataforma inclusiva sí, especial también, José María Escudero. 

Por otra parte, solicitan que comparezca el pedagogo José Antonio Marina; el catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, Antonio Bolívar; el profesor titular en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla, Alfredo Bolívar; y el profesor titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UAM, Gerardo Echeita. 

“Todos, desde sus diferentes perspectivas, tienen mucho que aportar a esta ley que pueden incorporarse para conseguir el mejor texto y el mayor consenso posible”, ha subrayado. 

José Miguel Fernández Viadero ha reiterado que debe “aclararse” todo lo relacionado con la enseñanza del español, el mantenimiento de los centros de educación especial, la libre elección de centro, la obtención del título de Bachiller con suspensos o el paso de curso, y el acceso a la Alta Inspección, entre otros.

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