El Consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Folguera y  la abogada de la Asociación, Carmen Ladrón de Guevara, se han reunido hoy en  el Congreso con la Portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra y otros miembros de su equipo para trasladarles las inquietudes y  reclamaciones de nuestro colectivo. 

El primer tema que abordaron con los Populares ha sido el de los alarmantes derroteros que está tomando la política penitenciaria del Gobierno.

Desde el primer Gobierno de Sánchez, en junio de 2018, se han autorizado 121 traslados que se corresponden a movimientos de 108 etarras, algunos más de una vez, de los que 33 tienen delitos de sangre.

Al ritmo que va últimamente, según el cual se acercan en el orden de 5 ó 6 presos a la semana, calculan que en cuatro meses estarán todos los presos de ETA en cárceles de Madrid y la mitad norte de nuestro país sin exigirles, ya no colaborar con la Justicia como llevan reclamando mucho tiempo, sino un arrepentimiento  sincero, bastándoles cartas proforma de supuesto perdón a las víctimas, nunca llegan a sus destinatarios. Además, han mostrado su preocupación por los núcleos de presos etarras que se están formado  en cárceles como las de Logroño, Zuera y Asturias gracias a todos estos  traslados. Es absolutamente alarmante el acuerdo de Presupuestos por presos que se ha culminado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu. Como han dicho infinidad de veces, EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más, por lo que hay que aislarles políticamente hasta que condenen la violencia de ETA y reconozcan que no  tuvo ninguna justificación. De hecho, han entregado a Cuca Gamarra y su equipo los más de 200 indicios que tienen recopilados para la ilegalización de EH Bildu. 

Han querido aprovechar, además, para hacer aportaciones sobre  las reformas legislativas necesarias en materia de víctimas del terrorismo. Consideran necesario reformar el Estatuto de la Víctima para permitir ampliar los supuestos de recurso ante propuestas de semilibertad en la progresión al tercer grado de los presos de ETA, y la aplicación del principio de flexibilidad a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para potenciar la participación de las víctimas en la fase de ejecución. También,  han propuesto el proyecto de modificación de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para reforzar la persecución del delito de enaltecimiento del terrorismo y potenciar la posible creación de una Fiscalía de víctimas del terrorismo. Al mismo tiempo,  han comentado la posibilidad de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y/o del derecho de Reunión para prohibir las convocatorias en la calle que  tengan por objeto el recibimiento u homenaje a condenados por delitos de  terrorismo. No han olvidado hacer hincapié en su preocupación por las  políticas de Memoria que se quieren implantar y que cuentan con iniciativas para indemnizar a los represaliados del franquismo, pues bajo esta  denominación también se indemnizaría a algunos terroristas, sobre todo de  FRAP, ETA y GRAPO.

Sobre los ‘casos sin resolver’ a los que tanto contribuirían que los presos colaboraran con la Justicia, han puesto de manifiesto que consideran que  hay dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la revisión de los mismos, incluyendo el archivo documental entregado por Francia. En este aspecto, para todas aquellas víctimas que no puedan tener  justicia (por Amnistía, indultos, indultos encubiertos, etc.) proponen potenciar instrumentos que contribuyan al derecho a la verdad de las víctimas. Considerando imprescindible, impulsar instrumentos para exigir y hacer  cumplir el requisito de colaboración con la Justicia para la concesión de  terceros grados, así como potenciar planes de reinserción en prisión para  presos etarras (al igual que se hace con terroristas yihadistas) basados en la  colaboración con la justicia. Además, han valorado la propuesta del Partido  Popular de la creación de una Fiscalía específica para la resolución de estos  casos, una reivindicación histórica de la AVT que realmente radica en dotar a la  propia Fiscalía de amparo legal y medios necesarios.  La reunión se ha llevado a cabo con un buen entendimiento por ambas partes, que se han emplazado a mantener esta fluida comunicación en el futuro por el bien de las víctimas del terrorismo.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.