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El problema de Cataluña “no es político, sino de ilegalidad”

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha confirmado este martes 5 de febrero que el gobierno socialista nombrará a un “coordinador” o mediador para su negociación con el independentismo sobre la situación en Cataluña. En opinión de Unión Progreso y Democracia, este gesto supone una “cesión ante los chantajes de Torra, que hace una semana pedía un mediador internacional sin condiciones”.

Para los progresistas, el problema de Cataluña “no es político, sino de ilegalidad y, por tanto, jurídico. Los juicios del procés no pueden convertirse en una pieza de cambio en la negociación política o presupuestaria”.

Al mismo tiempo, UPYD considera que la negociación bilateral entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat legitima el secesionismo: “El gobierno de Cataluña tiene vías de diálogo territorial, como cualquier gobierno autonómico. No puede gozar de privilegios que otras comunidades no tienen”.

Además, califica la designación de un intermediario, bajo la fórmula del mediador internacional, de notario, de relator o de cualquier otra, de “inaceptable”, porque “supone por un lado convertir un asunto penal en un conflicto político y, por otro, otorgar a un gobierno autonómico un status equivalente al de un Estado”.

En definitiva, los progresistas consideran que esta medida pone “en cuestión” ante la comunidad internacional la actuación de España en defensa de su democracia, pese a que “esta es absolutamente legitima”. Con ella, por tanto, “Sánchez hace un gesto al independentismo, dejando claro que está dispuesto a cualquier cosa para sacar adelante los presupuestos y mantenerse en el poder”.

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