Estados Unidos pretende bloquear la vigilancia del gobierno chino

Estados Unidos está aumentando sus esfuerzos para impedir que la República Popular China explote los mercados de capital estadounidenses para financiar su modernización militar, su vigilancia y sus abusos contra los derechos humanos.

El 9 de julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó en la lista negra a 14 entidades con sede en la República Popular China (RPC) que facilitaron la represión, la detención masiva y la vigilancia de alta tecnología del gobierno chino contra los uigures, que son predominantemente musulmanes, así como de miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang.

“El Departamento de Comercio continúa firmemente comprometido con la adopción de medidas firmes y decisivas contra las entidades que facilitan abusos de derechos humanos en Xinjiang o que utilizan la tecnología estadounidense para alimentar los desestabilizadores esfuerzos de China para su modernización militar”, declaró la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, al anunciar las nuevas restricciones.

El Departamento de Comercio también prohibió a las empresas estadounidenses tratar con otras 20 entidades que apoyan o corren el riesgo de apoyar la modernización militar de la República Popular China o de Rusia, o que ayudan a la entrega de tecnologías restringidas a Irán. Las medidas adoptadas por el Departamento el 9 de julio añaden 34 entidades a su Lista de Entidades, que impide a las empresas recibir programas informáticos, tecnología u otros bienes estadounidenses sin una aprobación especial.

En su Informe sobre la trata de personas 2021, publicado el 1 de julio, el Departamento de Estado constató que la República Popular China “sigue utilizando tecnologías emergentes para llevar a cabo medidas discriminatorias de vigilancia y de elaboración de perfiles etnoraciales diseñadas para subyugar y explotar a las poblaciones minoritarias”.

En septiembre de 2020, el Departamento de Estado elaboró unas directrices voluntarias de diligencia debida en materia de derechos humanos para ayudar a las empresas a mitigar el riesgo de que sus productos o servicios puedan ser utilizados indebidamente por gobiernos extranjeros o para llevar a cabo violaciones o abusos de los derechos humanos.

La vigilancia de la RPC en efecto ha convertido a Xinjiang en una prisión al aire libre, con cámaras en cada esquina y programas informáticos de reconocimiento facial y otras tecnologías que rastrean todos los aspectos de la vida. Pekín también exporta tecnología de vigilancia a los regímenes autoritarios de Birmania, Irán, Venezuela, Zimbabue y otros países.

Las restricciones del Departamento de Comercio siguen a la orden ejecutiva del presidente Biden del 3 de junio, que amplió las prohibiciones contra la inversión estadounidense en la modernización militar de la RPC para bloquear también las tecnologías que podrían apoyar la vigilancia de la RPC y otros abusos de los derechos humanos en China u otros países.

El 3 de junio, Biden consideró que el uso de la tecnología de vigilancia de la RPC para reprimir a miembros de grupos religiosos y de minorías étnicas en China y en otros lugares es una “amenaza inusual y extraordinaria”.

“Enfrentarse a estos desafíos de forma directa es coherente con el compromiso de la administración Biden de proteger los intereses fundamentales de la seguridad nacional y los valores democráticos de Estados Unidos”, indica una hoja informativa de la Casa Blanca.

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