La Asociación Víctimas del Terrorismo alerta de un intento del Gobierno de flexibilizar el acceso al tercer grado a terroristas en la ley de la infancia

El pleno del Congreso aprobó el pasado 21 de mayo la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Esta Ley lleva aparejada la modificación del Código Penal en diferentes aspectos, entre ellos, en la ampliación del periodo de seguridad para la aprobación de permisos de salida y la progresión a tercer a los condenados por delitos de trata cuando las víctimas sean menores. Sin embargo, el proyecto inicial escondía una artimaña del Gobierno, en concreto del Ministerio de Pablo Iglesias, para flexibilizar el acceso al tercer grado a los condenados por terrorismo, sin necesidad de que hubieran cumplido la mitad de la condena, tal y como está establecido desde la reforma de 2003 para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. 

Sin que ningún grupo parlamentario se percatara de dicha modificación, el texto pasó el primer filtro del Congreso y llegó al Senado. Allí, una enmienda del grupo socialista, apoyada por la mayoría de los senadores, eliminó la modificación del Código Penal pretendida salvando, in extremis, la redacción de su art. 36 tal y como está vigente hasta ahora.

Pendientes aún de la publicación del texto en el BOE, desde la Asociación Víctimas del Terrorismo una vez que tuvieron conocimiento de esta maniobra, alertaron de ello desde las redes sociales.

Tras el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco y limítrofes, la siguiente reivindicación del entorno de ETA es la derogación de la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. Esto ligado a la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco y a su voluntad de potenciar el régimen abierto entre los reclusos que cumplan allí condena, hacen que desde la AVT estén vigilantes para evitar cualquier artimaña que favorezca la impunidad para los presos terroristas.

Reiteran su reivindicación de que la política y el derecho penitenciario no se conviertan en la puerta de atrás del derecho penal, vaciando de contenido las resoluciones judiciales y favoreciendo la impunidad de los crímenes terroristas.

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