La Comisión LIBE pide que los periodistas sean protegidos en la Directiva de Denunciantes

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo pidió hoy que los periodistas de investigación y los funcionarios públicos sean incluidos en el ámbito de aplicación de la futura Directiva de protección de Denunciantes.

El informe de opinión de LIBE sobre la Propuesta de Directiva del 23 de abril de 2018 sobre la protección de los denunciantes, cuya ponente es la eurodiputada de UPYD-ALDE, Maite Pagazaurtundua, pide además que se prevean canales seguros de denuncia desde el anonimato, tanto en las administraciones públicas como en el ámbito empresarial y privado.

“Nuestro objetivo es proteger el bien general, pues la protección de los denunciantes de irregularidades en el seno de la empresa y la administración protegen, con sus acciones, el Estado de derecho y la democracia. Conocer las disfunciones es beneficioso para todos”, manifestó Pagazaurtundua.

Según explicó, cuando los potenciales denunciantes no se sienten seguros para revelar la información de que disponen, esto se traduce en escasez de denuncias y, por lo tanto, en oportunidades perdidas para prevenir y detectar infracciones del Derecho de la Unión que pueden provocar graves perjuicios al interés público. “El miedo a represalias no es infundado, desgraciadamente, por eso son necesarios canales seguros de denuncia”, planteó.

La propuesta de la CE se circunscribe sólo a la protección a los denunciantes que tienen una relación laboral, por lo que los periodistas y otros denunciantes no quedan protegidos. Además, el texto del ejecutivo comunitario, que el Parlamento Europeo quiere votar a finales de este año, hace una lista de temas específicos para su aplicación (servicios financieros, medio ambiente, seguridad.. ) , frente a lo cual la comisión de Asuntos de Libertades quiere ampliar a todos los ámbitos del derecho de la Unión.

Asimismo, la propuesta de la Comisión constriñe las vías de denuncia a un procedimiento jerárquico que, a juicio de Pagazaurtundúa, dificulta las denuncias. En concreto, establece 3 vías de denuncia que impiden hacer públicos los casos a través de un sistema jerárquico (a través de la empresa, una autoridad independiente, justicia y prensa).

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