La ignominia del quid pro quo contra el honor y la dignidad sindical

El Juzgado de lo Social nº 5 de Palma de Mallorca ha dictado sentencia por la que se declara la vulneración del Derecho Fundamental a la Libertad Sindical en su vertiente funcional de la Negociación Colectiva ( arts 7, 28.1 y 37.1 de la Constitución Española, art 2.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ) a los Sindicatos USTE , al cual he representado en este largo y laborioso proceso, y al sindicato USO, condenando a la empresa Emaya y secciones sindicales codemandadas a estar y pasar por tal declaración e indemnizar con la cuantía de 60.000 euros por los daños y perjuicios causados .

Los Sindicatos USTE y USO en el mes de diciembre de 2017, en pleno proceso de negociación colectiva , se negaron a firmar el convenio colectivo de empresa por mandato de la Asamblea de Trabajadores , siendo fieles a la decisión asamblearia y voluntad del conjunto de los trabajadores de Emaya. De todos es sabido que históricamente en nuestra empresa las Asambleas han sido reconocidas y consideradas como tercer canal de representación de los trabajadores en conjunción con la unitaria y sindical más allá de las competencias que les otorga el art 80 del Estatuto de Trabajadores.

Contraviniendo ese mandato, sin respetar este particular cauce democrático, la Dirección de la empresa Emaya y los sindicatos CGT, SITEIB, UGT, CSIF y CCOO pusieron rúbrica a un convenio ya de por sí viciado de origen por falta de rectitud, legitimidad inicial y defecto moral.

La Dirección de la empresa era consciente de que no se respetaba la voluntad democrática de los trabajadores en las asambleas convocadas ad hoc.

Lo curioso de todo este asunto es la evidencia de que la empresa Emaya, era plenamente consciente de la ilicitud de sus actuaciones de marginalidad sindical, y ello se manifiesta a tenor de dos convocatorias con carácter de urgencia de sendas comisiones negociadoras, a las cuales asistí personalmente como asesor, durante el mes de mayo pasado en un intervalo de una semana y que dichas reuniones, se produjeron en fechas próximas a la celebración del acto de juicio señalado, primera semana de junio de 2021 .

En ambas reuniones con la asistencia de todas las organizaciones sindicales, legitimadas para la negociación del convenio colectivo, se pretendió con la técnica majestuosa del quid pro quo, que consistía en ratificar y/o rectificar por las secciones de USTE y USO, todos y cada uno de los Acuerdos alcanzados en comisiones paritarias, que se excedían de sus funciones aplicativas e interpretativas del Convenio.

Esta actitud torticera e inmoral por parte de la Empresa Emaya, el mutatis mutandi consistente en sustituir, parchear o maquillar documentos ó Actas, supuso como agravante un quebranto del principio de buena fe que ha de presidir todo proceso. La previa exclusión de estos dos Sindicatos de la negociación seguía vulnerando derechos fundamentales, aunque manifestaran su conformidad con los acuerdos alcanzados en su día sin su presencia. Muy ilustrativa y elocuente es la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional – SAN de 6 de octubre de 2017 – . La técnica perversa y barriobajera del quid pro quo , unas cosas por otras .

La gravedad de los hechos es que la conducta que ha sido objeto de este procedimiento ha tenido lugar en el seno de una empresa pública . Como acertadamente nos indica y recuerda el Juzgador de que el hecho de que Emaya es una sociedad participada íntegramente por el Ayuntamiento de Palma le obliga a ser aún más escrupulosa en el respeto a los derechos de los ciudadanos, trabajadores y de las organizaciones sindicales que les representan .

La cuestión es si todo este asunto se podría haber evitado, si realmente era inevitable y uno se remite a la primera reunión de la Comisión Paritaria en enero de 2018, representada la empresa por su Director de Recursos Humanos y Jefa de Relaciones Laborales, ambos ascendidos jerárquicamente mediante un Plan de Carrera desde el cual se gestionan talentos en esta empresa pública. Todo se resume en la intervención del responsable de la parte empresarial con la siguiente manifestación : ¨

Consultados nuestros servicios jurídicos en consecuencia invitamos a las organizaciones sindicales no firmantes del convenio, USTE y USO, para que abandonen la sala. Igualmente he solicitado un informe con carácter de urgencia a nuestros servicios jurídicos para dar mayor rigor a lo acontecido ¨ .

Me pregunto si realmente existió ese informe jurídico, preceptivo al respecto y si los responsables de esta empresa pública por ser autores de una inadecuada gestión, por los daños y perjuicios consecuencia de ésta, deberían incurrir en una responsabilidad disciplinaria como la de cualquier trabajador de base.

Francisco Sánchez Reolid
Servicios Jurídicos
Uste. sindical E.C.U

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