Mar Blava recurrirá el fallo del supremo que avala prórrogas de explotación petrolífera en zonas protegidas, sin evaluación de impacto ambiental

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El Consell Insular de Menorca considera que la sentencia va contra los principios de la Reserva de Biosfera, significando un ataque a la biodiversidad marina y chocando frontalmente con la Estrategia Menorca 2030.

Alianza Mar Blava, de la cual forma parte Consell Insular de Menorca, lamenta profundamente que el Tribunal Supremo haya desestimado su recurso para anular la segunda prórroga de la concesión de explotación petrolífera denominada “Casablanca”, al haber sido concedida sin la preceptiva evaluación ambiental previa.

Esto ha ocurrido a pesar de que la concesión esté ubicada en su casi totalidad dentro de la Red Natura 2000 (ver mapas). Repsol ha obtenido, por tanto, el aval del Tribunal Supremo para seguir explotando petróleo en medio de una Zona de Especial Protección para las Aves, a pesar de no contar con evaluación de impacto ambiental.

El Consell Insular de Menorca ha manifestado que la sentencia es un ataque a la biodiversidad marina porque avala que, a día de hoy, se sigan llevando a cabo actividades de extracción de energías fósiles en el Mediterráneo que no han pasado nunca por evaluación ambiental : ni la concesión inicial (1978), ni la primera prórroga (2009), ni ahora en la segunda prórroga que ha sido recurrida.

Así, el Consell Insular añade que esta sentencia va en contra de los principios de una isla como Menorca que es Reserva de Biosfera y que tiene la Reserva de Biosfera Marina más amplia del Mediterráneo. Por otra parte, choca frontalmente con la Estrategia Menorca 2030 que apuesta por la descarbonización del sistema energético de la isla durante los próximos años.

Alianza Mar Blava, cuya misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético, es una plataforma intersectorial, creada en 2013, actualmente constituida por más de 120 miembros tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales y ecologistas; sindicatos y otras instituciones públicas y privadas).

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