¿Se encuentran las Autonomías en el origen del problema?

De entre todas las bondades y virtudes de la Constitución del 78 destaca las de su “espíritu conciliador», y  la de su “buena voluntad»; toda una proeza en el contexto histórico de la época, si tenemos en cuenta que, entre sus padres fundadores, se contaban enemigos políticos tan irreconciliables como en su día lo fueran Al Capone y Eliot Ness; o Lex Luthor y Supermán que, filantrópica y altruistamente, se comprometieran a dejar a un lado Bourbon y kriptonita, y a sentar las bases normativas que garantizaran una convivencia armoniosa y pacífica en común. No sé trata tanto de dilucidar quiénes eran – de entre los padres de la Carta Magna–, héroes, y quiénes villanos, como de constatar que, en ocasiones, en ella se legitiman, — a un tiempo–, un principio y su contrario.

Su deliberada ambigüedad responde a una necesidad pragmática de contentar a todas las partes legisladoras implicadas en tan ardua y monumental tarea.

Así, en el art. 2, se habla de la “indisoluble unidad de la nación española», para, más adelante, en el mismo párrafo, citar el derecho a la “autonomía” de las “naciones” y regiones que la integran. Los términos – No sólo lingüísticos, sino conceptuales– “autonomía” y “nación” han proporcionado la fundamentación filosófica y, en ocasiones, la base jurídica para legitimar las pretensiones secesionistas de algunas regiones españolas, así como las ocurrencias más o menos chistosas de presidentes no electos que, envalentonados por su propia ignorancia, definen a España como “pluralidad de naciones».

Otros artículos, como el 27, hablan del derecho a la educación, que sin duda, se ve menoscabado en la práctica en todas aquellas comunidades con más de una lengua oficial, pero que no contemplan la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza. O el 19, que garantiza el derecho a elegir residencia y a circular libremente dentro del territorio Nacional, que se entrelazaría con el 35, que garantiza el derecho a elegir profesión y a trabajar, derecho no garantizado – de nuevo en comunidades autónomas con varias lenguas cooficiales–, si no se posee un conocimiento más o menos profundo de dichas lenguas.

Por otra parte, cuando la interpretación de la Constitución no le resulta ambigua al jurista, se encuentra con la omisión –por parte del gobierno de la comunidad autónoma—del deber de hacer cumplir la sentencia.

Lamentablemente, nos hemos habituado a una violación sistemática de las reglas de juego democráticas de nuestro Estado de Derecho Y, a partir de ahí, todo es posible.

Desde nuestro humilde punto de vista, se impone una reforma de la constitución, para hacerla más restrictiva en el campo de actuación de algunos de sus artículos.

Autor: J.R.

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Actualizado: 2 marzo, 2019 — 00:18

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